La audiencia de medidas cautelares concluyó ayer, después de nueve horas de debate entre los abogados de las víctimas y fiscales se declaró que se “encontraron indicios de responsabilidad en la caída de la pasarela que provocó la muerte de cinco personas”.
El oficial mayor de Desarrollo Urbano, Roger Copa; y las ingenieras, Patricia López y Shirley Javier, se encontraban en la audiencia. Cada uno de los imputados presentó sus documentos de descargo, para beneficiarse de las medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Entre los documentos se encontraban la constitución de domicilio legalmente establecido en Oruro, fuente de trabajo en el municipio, familia acreditada, garantías para no fugarse fuera del país; pero el Juez consideró prudente “la detención domiciliaria”, en sustitución a la detención en la cárcel de San Pedro, tal como habían solicitado los fiscales de materia, Alfredo Santos, Aldo Morales y Lindon Requena.
EL DIARIO pudo evidenciar que la revisión de los documentos fue minuciosa para detectar errores. Sin embargo, el Juez dispuso el arraigo de las tres personas con la posibilidad de continuar asistiendo a su fuente de trabajo, pero permanecer bajo arresto domiciliario durante las noches y la presentación durante dos veces a la semana al Despacho Judicial, para firmar el libro de comparecencia.
Los tres técnicos son funcionarios municipales, aunque las dos mujeres se habían incorporado dos semanas antes del desplome de la pasarela que provocó cinco muertos y 92 heridos, muchos de los cuales sufrieron heridas en las piernas y la columna.
Hubo expectativa por la audiencia y su resultado. En la oportunidad también se encontraba la alcaldesa, Rossío Pimentel, y sus abogados.
Los fiscales, sin embargo, advirtieron que seguirán las investigaciones y es posible ampliar la imputación contra otras personas que no garantizaron la estabilidad de la pasarela.
El Diario
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