Los dirigentes de los 48 conjuntos folklóricos reaccionaron indignados contra el Decreto Municipal 6/2013, que dispone la ruta del Carnaval, la venta de metros lineales y restricciones sobre la publicidad de las bebidas alcohólicas en las calles y accesos principales de la ciudad, en base a la Ley 259.
El decreto municipal fue considerado un “atentado contra la economía de los conjuntos folklóricos, especialmente de 28 pequeños que requieren del apoyo económico” de la empresa de cerveza que cada año otorga las bebidas, tanto para las bandas de música como para los danzarines.
El presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore, Jacinto Quispaya, dijo que se ha decidido rechazar ese decreto municipal y declarar personas no gratas a quienes, empezando por la alcaldesa, firmaron esa nueva disposición que no ha sido aprobada por el Concejo Municipal de la ciudad de Oruro.
“Como emergencia de este conflicto, se ha dispuesto también la expulsión de las autoridades municipales que firmaron ese decreto y que también forman parte de los conjuntos folklóricos, porque se han dedicado a difamar la imagen de la Asociación de Conjuntos del Folklore, en vez de dialogar en forma inmediata para resolver estos conflictos”, afirmó Quispaya.
La Asociación decidió mantener en vigencia el convenio firmado con la empresa de cerveza y con los canales de televisión, para que se conviertan en sponsor e impulsores del Carnaval.
“De todas maneras, estamos trabajando para garantizar la realización del Carnaval de Oruro, pero la ruta del Carnaval se hará conocer en los próximos días, en base a un estudio, pero no se utilizará la ruta establecida por la Municipalidad”, afirmó Quispaya.
Por su lado, la alcaldesa Rossio Pimentel decidió mantener incólume el decreto municipal, mientras que su secretario general, Jorge Ustares, negó toda autoridad al Concejo Municipal para aprobar o anular ese decreto, porque supuestamente “no tiene facultad ni capacidad para eso”.
El presidente del Concejo Municipal, Juan José Ramírez, advirtió que ese decreto municipal 6/2013, emitido por la alcaldesa y sus colaboradores, no tiene ningún valor legal y se efectuará la representación jurídica ante las instancias correspondientes e incluso se efectuará una demanda penal contra los autores.
Según Jorge Ustarez, “el decreto municipal se encuentra en plena vigencia, porque es una norma legal, mientras no exista una resolución de anulación que emita el Tribunal Constitucional”.
Según el presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore, Jacinto Quispaya, se ha buscado una cercamiento con la alcaldesa, “pero no ha sido posible y, más por el contrario, con la propaganda emitida por los medios de comunicación, se entorpece esa posibilidad de diálogo”.
El Diario
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